RESERVAS EN CAÍDA Y UN PANORAMA ECONÓMICO INCIERTO PARA EL GOBIERNO
Durante el mes de febrero, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) adquirió divisas por un total de USD 1.948 millones, alcanzando el monto más alto desde mayo de 2024. El 18 de febrero fue el único día en que tuvo que vender divisas, por un valor de USD 18 millones. En lo que va del año, la compra de divisas asciende a USD 3.565 millones. Este aumento en las adquisiciones de divisas se explica por diversos factores interrelacionados. En primer lugar, la mayor liquidación de divisas por parte del sector agropecuario, favorecida por la baja de retenciones, resultó en un flujo superior de dólares al mercado oficial, alcanzando los USD 2.400 millones en febrero, frente a los USD 1.900 millones de enero. En segundo lugar, el crecimiento en el stock de créditos en dólares, que superó los USD 10.100 millones en 12 meses, también jugó un papel clave. Muchos de estos créditos tienen la obligación de liquidar las divisas en el mercado oficial (MULC), lo que incrementó la oferta de dólares. Además, la colocación de Obligaciones Negociables (ONs) en dólares, por un total de USD 485 millones, contribuyó a aumentar la disponibilidad de divisas en el mercado. Como resultado de estos factores, el BCRA logró registrar un saldo neto positivo en el MULC durante febrero.
A pesar de este desempeño positivo en las compras de divisas, las reservas internacionales brutas continúan disminuyendo. En febrero, se redujeron en USD 193 millones, acumulando una caída de USD 1.494 millones en lo que va del año, y finalizando en USD 28.117 millones. Este comportamiento marca la tercera caída mensual consecutiva de las reservas internacionales brutas, lo que refleja la debilidad del programa económico del gobierno, en un contexto de atraso cambiario y genera dudas sobre su sostenibilidad a mediano plazo.
Al cierre de febrero, las reservas internacionales netas se situaron en -USD 4.305 millones después de descontar encajes, swaps y repos con SEDESA. Si se restan además los pagos de Bopreales y los depósitos del Tesoro, el saldo neto cae aún más, hasta los -USD 10.045 millones, acercándose al nivel registrado al inicio de la gestión (-USD 11.000 millones). En la primera semana de febrero, el gobierno cumplió con el pago de intereses al FMI por un monto cercano a USD 660 millones. Además, la entidad destinó dólares para intervenir en el mercado cambiario con el objetivo de contener la brecha cambiaria. Al cierre de febrero, la brecha cambiaria se situó en 14,6%, un aumento de 2,0 puntos porcentuales respecto al nivel registrado en enero.
Si bien el BCRA ha logrado sostener un flujo de dólares en el mercado oficial gracias a los préstamos en dólares, las reservas internacionales siguen enfrentando una tendencia a la baja, lo que genera una creciente incertidumbre sobre la sostenibilidad del programa económico. Los ingresos provenientes de la cosecha gruesa en los meses de abril y mayo podrían ser un primer alivio para las reservas, pero la necesidad de alternativas de financiamiento sigue siendo crucial. A la par, la reactivación económica y el aumento de las importaciones pueden presionar aún más la balanza comercial, afectando la acumulación de dólares.
En este contexto, el gobierno se enfrenta a la urgente necesidad de cerrar un nuevo acuerdo con el FMI, ya que su éxito podría ser clave para la estabilidad de las reservas y el tipo de cambio en el corto plazo. El martes 11 de marzo, el gobierno finalmente firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (Decreto 179/2025) que habilita el avance en el acuerdo con el Fondo. Según el acuerdo, los fondos obtenidos se destinarán a cancelar letras intransferibles en dólares en poder del BCRA, priorizando aquellas con vencimientos más cercanos, y a cubrir obligaciones derivadas del Programa de Facilidades Extendidas (EFF) firmado en 2022, cuyo pago se extenderá a los próximos cuatro años.
Aunque se confirma que será un acuerdo a largo plazo bajo el esquema del Programa de Facilidades Extendidas (EFF), con un plazo de amortización de 10 años que contempla un período de gracia de cuatro años y medio antes de iniciar los pagos, se omiten detalles claves como la magnitud de los desembolsos, el cronograma de pagos y las condicionalidades del acuerdo.